Análisis crítico de las reformas al COIP en materia de delincuencia organizada en el contexto del conflicto armado interno ecuatoriano.

Abstract

Ecuador ha experimentado una ola sin precedentes de violencia mortal en el país en los últimos años, con grupos de crimen organizado ilegal (GDO) vinculados a redes transnacionales que utilizan armas poderosas para dominar áreas urbanas y centros penales. En respuesta, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) fue enmendado para 2023-2025 para reforzar las penas, apuntar a actividades relacionadas, incluyendo la financiación y reclutamiento de menores, y mejorar las medidas para fomentar la cooperación efectiva y la confiscación de bienes. Por un lado, la declaración de conflicto armado interno (enero de 2024) ha ayudado a fortalecer la seguridad en situaciones de emergencia y la cooperación cívico-militar. Aunque tales reformas están destinadas a racionalizar el sistema penitenciario, persisten tensiones sobre un enfoque eficiente que reconozca las libertades básicas: La crisis carcelaria, la falta de detalles sobre las finanzas, la débil capacidad de aplicación y la falta de supervisión por parte de las agencias de aplicación de la ley sobre la cadena de custodia exponen la desconexión entre las normas y las prácticas. Además, extender los parámetros de cooperación y calificar algunas formas de comportamientos relacionados con el terrorismo también conlleva la amenaza de inestabilidad jurídica. Este análisis de la reforma demuestra una comparación entre la reforma y los compromisos internacionales (Convención de Palermo) o instrumentos de derechos humanos para mostrar tanto fortalezas como déficits en la legislación. Que "las medidas punitivas por sí solas no son suficientes" y "deben ir acompañadas de políticas integrales con respecto a la gestión de prisiones, la aplicación de la ley y el fortalecimiento de las instituciones, la proporcionalidad, el estado de derecho y la protección de los derechos". Tales hallazgos ofrecen evidencia para apoyar una política criminal más sostenible y efectiva que respete el estado de derecho en asuntos de violencia organizada y conflictos armados internos.