Ciberdelitos en Ecuador: análisis jurídico-penal de los desafíos digitales en la era tecnológica.

Abstract

La presente investigación examina el marco jurídico-penal ecuatoriano frente a los ciberdelitos durante 2020-2025, identificando desafíos para la tipificación, persecución y sanción de estas conductas ilícitas mediante un diseño descriptivo-analítico con enfoque mixto. Ecuador experimentó un incremento del 340% en delitos informáticos entre 2020-2023. La Fiscalía General registró 20.602 denuncias entre enero 2022 y mayo 2025, siendo la apropiación fraudulenta por medios electrónicos la modalidad predominante (11.833 casos), seguida de estafa (4.567 casos) y acceso no consentido a sistemas informáticos (2.183 casos). La concentración territorial se evidencia en Pichincha (8.089 casos), Guayas (4.644 casos) y Manabí (1.174 casos). El análisis del Código Orgánico Integral Penal revela avances mediante los artículos 229-234.4 que tipifican delitos contra sistemas de información y comunicación, complementados con la reforma del 2023 que incorporó falsificación informática y agravantes. Sin embargo, persisten limitaciones críticas: ausencia de tipos penales para ransomware, deepfakes y delitos con criptomonedas; deficiencias en cooperación internacional; personal técnico insuficiente y recursos tecnológicos limitados. Los grupos más vulnerables incluyen menores de edad y población con analfabetismo digital (8,2%). La ratificación del Convenio de Budapest (julio 2024) ofrece oportunidades para fortalecer capacidades nacionales. El estudio propone mejoras integrales: actualización normativa, fortalecimiento institucional con laboratorios forenses especializados, desarrollo de recursos humanos capacitados, operativización de cooperación internacional y estrategias preventivas de educación digital. La investigación concluye que la brecha entre realidad criminológica y herramientas jurídicas demanda transformaciones sistémicas para construir un ecosistema de seguridad digital resiliente.