Violencia de género y responsabilidad del estado: hacia un enfoque de prevención estructural del feminicidio.

Abstract

En el contexto jurídico y académico, la responsabilidad del Estado en la prevención del feminicidio ha sido objeto de creciente debate, en el mundo, Latinoamérica y en Ecuador. La presente investigación analiza la responsabilidad del Estado ecuatoriano ante el feminicidio, incorporando el examen de la violencia política como mecanismo de deshumanización sistemática que opera de manera particular sobre mujeres trans, cuyas vidas y muertes son relegadas a zonas de no recognoscibilidad jurídica y social. Se toma como punto de partida que a pesar de existir un marco jurídico sólido encaminado a la protección de las mujeres, los índices de feminicidio mantienen una tendencia ascendente durante el período 2014 – 2024. La investigación tuvo un enfoque mixto con alcance descriptivo y analítico, se integran el análisis normativo y jurisprudencial y la evaluación de indicadores estadísticos emitidos por la Fiscalía General del Estado y otros organismos nacionales. Los resultados ponen de manifiesto incongruencias entre la norma y su aplicación, debilidades en la coordinación interinstitucional, subutilización de sistemas de alerta temprana y una reducción significativa de la judicialización de causas. En el caso de mujeres trans, la violencia política se materializa a través de la negación de ciudadanía plena, la exclusión de protocolos de protección, la invisibilización estadística y la producción institucional de vidas prescindibles mediante marcos jurídicos que no reconocen la especificidad del transfemicidio. Se concluye que la omisión estatal configura una forma de responsabilidad penal estructural derivada de la ineficacia en la prevención, protección y sanción, agudizada por la deshumanización política de sujetas cuya existencia misma es objeto de disputa institucional. Es evidente transitar de un modelo reactivo a uno basado en la gobernanza preventiva y la debida diligencia reforzada, que garantice la vida y seguridad de todas las mujeres mediante políticas sostenibles, análisis de riesgo diferenciado y rendición de cuentas que reconozca las formas específicas de violencia que enfrentan las mujeres trans.